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Siendo ignorado el paradero de D. Domingo Hernández González, a efectos de notificación del trámite de vista y audiencia en relación al expediente de subvención prevista en el Decreto 12/1996, de 26 de enero, para la adquisición de vivienda de protección oficial de promoción pública perteneciente al Grupo "Francisco Afonso Carrillo", cuenta nº 105, término municipal de Güímar, y siendo necesario notificarle dicho trámite, al ser parte interesada, conforme a lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en virtud de lo establecido en el artículo 11.1.B).f) del Decreto 152/2008, de 7 de julio, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Canario de la Vivienda,
R E S U E L V E:
Notificar, mediante la oportuna publicación en el Boletín Oficial de Canarias y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, a D. Domingo Hernández González, el trámite de vista y audiencia de fecha 24 de abril de 2009, correspondiente al expediente de subvención que le ha sido instruido, que dice textualmente:
"Con fecha 13 de junio de 2000 por Orden de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas se acordó concederle la subvención que establece el Decreto 12/1996, de 26 de enero, para la adquisición de la vivienda de la que es titular en el Grupo "Francisco Afonso Carrillo" en Güímar, cuenta nº 105.
A dicha resolución le acompañaba la liquidación de las cantidades pendientes de amortizar, para que en un plazo de tres meses contado a partir de la notificación de la misma prestara su conformidad, así como determinar la forma de pago de las mismas.
Superado el plazo previsto en el artículo 8 del Decreto 12/1996, de 26 de enero, por causa imputable al interesado, no se ha presentado la conformidad de las cantidades pendientes de amortizar, por lo que de acuerdo con los apartados 2 y 3 del indicado artículo 8, se entenderá la renuncia a la subvención concedida.
Visto lo anterior, en virtud de lo establecido en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone de un plazo de quince días, contado a partir del día siguiente al de su notificación, para que alegue lo que estime pertinente, presentando, en su caso, los documentos o justificaciones correspondientes."
Santa Cruz de Tenerife, a 15 de junio de 2009.- El Secretario, p.d., el Jefe del Servicio de Administración General (Resolución de 18.5.09, de la Presidenta), Francisco Panizo Álamo.
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