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BOC Nº 171. Martes 31 de Agosto de 2010 - 5018

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III. OTRAS RESOLUCIONES - Presidencia del Gobierno

5018 Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información.- Resolución de 17 de agosto de 2010, del Director, por la que se aprueban con vigencia indefinida las bases reguladoras que han de regir en la concesión de subvenciones para la incorporación de personal innovador al tejido productivo, y se efectúa la convocatoria para 2010.

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BOC-A-2010-171-5018. Firma electrónica-Descargar

Examinado el expediente tramitado a iniciativa de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información para la aprobación de las bases reguladoras con carácter plurianual que han de regir en la concesión de subvenciones para incorporación de personal innovador al tejido productivo, y se efectúa la convocatoria para 2010.

Vista la propuesta de la Secretaría General de la Presidencia sobre la legalidad de las bases reguladoras de fecha 29 de julio de 2010.

Visto el Informe de la Intervención Delegada de fecha 10 de agosto de 2010.

En el ejercicio de las competencias delegadas por el Decreto 20/2010, de 11 de marzo, del Presidente (BOC nº 59, de 11 de marzo), y teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- La Ley 5/2001, de 9 de julio, de Promoción y Desarrollo de la Investigación Científica y la Innovación en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 87, de 16 de julio), que tiene por objeto la ordenación y promoción de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, recoge, entre sus fines, los siguientes:

- Impulsar la innovación en el tejido productivo y empresarial canario, propiciando su participación activa en las actividades de investigación y desarrollo que se lleven a cabo en nuestra Comunidad.

- Mejorar la conexión entre la demanda y la oferta tecnológica; y la transferencia y aprovechamiento de los resultados de la investigación.

- Propiciar la cooperación y coordinación en materia de investigación científica e innovación entre la Administración, las empresas, las universidades y los centros de investigación canarios.

Segundo.- En virtud de Orden de la extinta Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías de 7 de agosto de 2003 (BOC nº 159, de 19 de agosto) se abrió un programa de subvenciones para la contratación de personas doctoradas y tecnólogas a empresas y otras entidades. Durante el período de vigencia (2003-2006) se subvencionaron 185 contratos, de los cuales el 72% se incorporó a entidades con capital totalmente público, el 27% fue al sector privado (42 empresas y 8 asociaciones empresariales) y el 2% restante fue a fundaciones con capital mixto.

Posteriormente, por Resolución de la Viceconsejería de la Presidencia de 16 de agosto de 2007 se aprueban las bases reguladoras para el período 2007-2013, que han de regir en la concesión de subvenciones para la incorporación de personas doctoradas y tecnólogas a empresas y otras entidades, y se efectúa la convocatoria para 2007 (BOC nº 170, de 24 de agosto).

Dicha convocatoria se resolvió con fecha 5 de diciembre de 2007, aprobando por una parte, 49 proyectos renovados, y por otra parte, 38 proyectos nuevos de los cuales 26 son de empresas.

Tercero.- Por Resolución de 29 de septiembre de 2008, del Director de la ACIISI se aprueban con carácter plurianual las bases reguladoras para el período 2008-2013, que han de regir en la concesión de subvenciones para incorporación de personal innovador al tejido productivo, y se efectúa la convocatoria para 2008 (BOC nº 223, de 6 de noviembre). Dicha Resolución fue objeto de una modificación puntual en virtud de Resolución de 28 de octubre de 2008, del Director (BOC nº 224, de 7 de noviembre), a los efectos de permitir acogerse al programa de ayudas las actividades de investigación y desarrollo e innovación en los sectores agrícola y pesquero y de la acuicultura, ampliando en un mes el plazo de presentación de instancias a contar desde la publicación de la citada Resolución de modificación.

En su base general 13ª, tras la nueva redacción efectuada por la citada Resolución de 28 de octubre de 2008, del Director, se hace referencia a las ayudas "de mínimis" y acumulación de ayudas a las que podrán acogerse el presente Programa, de conformidad con las previsiones contenidas en el Reglamento (CE) nº 1998/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis (DO L 379, de 28.12.06).

No obstante lo anterior, el marco comunitario relativo a las ayudas estatales ha sido objeto de una reciente modificación en virtud del Reglamento (CE) nº 800/2008, de la Comisión de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE (Reglamento General de Exención por Categorías) (DO L 214, de 9.8.08).

Dicho Reglamento General debe aplicarse en prácticamente todos los sectores económicos, y en especial, en el sector agrícola sólo debe eximir de la obligación de la notificación contemplada en el artº. 88 del Tratado CE a las ayudas de investigación y desarrollo en el sector agrario, habida cuenta de las normas especiales que se aplican a la producción primaria de productos agrícolas, principalmente por el Reglamento (CE) nº 1860/2004, de la Comisión, de 6 de octubre de 2004, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de mínimis en los sectores agrario y pesquero, así como el Reglamento (CE) nº 1998/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de mínimis, aplicable a las actividades de transformación y comercialización de los productos agrícolas.

También en el sector pesquero, cuya normativa en materia de ayudas estatales de mínimis aparece integrada fundamentalmente por el Reglamento (CE) nº 875/2007, de la Comisión, de 24 de julio de 2007, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de mínimis en el sector pesquero y que modifica el Reglamento (CE) nº 1860/2004, el citado Reglamento General de Exención por Categorías (en adelante, RGEC) se aplica exclusivamente a las ayudas de investigación y desarrollo e innovación para eximir de la indicada obligación de notificación comunitaria.

Cuarto.- La experiencia adquirida y los resultados obtenidos sugieren efectuar los cambios necesarios para lograr una mayor implicación del sector empresarial privado, que es, a fin de cuentas, el único que puede innovar, como vía para incrementar la competitividad de las empresas y, por ende, la de la economía en su conjunto.

Para la consecución de los citados objetivos se ha rediseñado este programa de fomento, de modo que la incorporación de doctores y/o tecnólogos se produzca exclusivamente en empresas y en otras entidades que produzcan, con sus propios recursos, desarrollos tecnológicos destinados al mercado, y por un máximo de tres años. Por tanto, se establece el carácter plurianual de la convocatoria de bases, lo que significará una garantía de éxito de su proyecto y para el doctor/tecnólogo la posibilidad de estabilidad en el empleo, así como una formación y experiencia tecnológica que le cualificará para el mercado de trabajo.

El objetivo principal es estimular la capacidad tecnológica e investigadora del sector privado en Canarias, implantando y desarrollando procesos de investigación en empresas y otras entidades tecnológicas mediante la incorporación a ellas de personal altamente cualificado, así como aumentar la cualificación de dichas personas para su incorporación al mercado laboral. Se pretende, asimismo, fomentar una efectiva transferencia de resultados de investigación desarrollados en los centros de investigación y su implantación en el sector productivo, mediante la potenciación de dichas estructuras de investigación y las necesidades del tejido productivo, priorizando aquellos proyectos que justifiquen la colaboración mediante acuerdos con dichos centros.

A la vista del actual contexto mundial de crisis económica que ha conllevado una considerable reducción de los ingresos y recursos con los que cuentan las pequeñas y medianas empresas (pymes) para llevar a cabo proyectos de innovación tecnológica que redunden en una mayor productividad y una mejora en su competitividad en el mercado, unido a la necesidad de efectuar la consolidación en la contratación de personas doctoradas y tecnólogos en dichas empresas dirigida a la consecución satisfactoria del objetivo a medio y corto plazo de la implantación efectiva de la innovación en las empresas, y que es objeto del presente programa de ayudas, se hace necesario anticipar el abono de los fondos públicos en aras de garantizar una mayor agilidad en la consecución de dicho objetivo fundamental.

Asimismo, la Administración Pública, dada su vocación de servicio a los ciudadanos, se encuentra en la actualidad en un proceso de profunda transformación dirigida a realizar, en primer lugar, un servicio público eficaz y eficiente orientado hacia el ciudadano y, en segundo lugar, una Administración menos costosa, mediante la eliminación de trámites innecesarios, simplificación de procedimientos, reduciendo la documentación a aportar por el ciudadano y los plazos de resolución de procedimientos, todo ello dentro del marco normativo contenido en el Decreto 48/2009, de 28 de abril, por el que se establecen en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias medidas ante la crisis económica y de simplificación administrativa.

Por todo ello, en razón a las consideraciones anteriores, dada la singularidad del presente régimen de ayudas y en aras de agilizar la gestión del programa mediante la introducción de los medios electrónicos en la tramitación del procedimiento administrativo (Decreto 56/2009, de 18 de mayo, del Presidente por el que se regula la utilización de medios electrónicos en la ACIISI -BOC nº 98, de 25.05.09- y Resolución del Director de la ACIISI, de 13 de julio de 2010 sobre utilización del registro electrónico en la citada Agencia (BOC nº 145, de 26.7.10) que redunden tanto en interés de las entidades beneficiarias de los mismos, como en la mejora de la calidad de los servicios de la ACIISI en sus relaciones con los ciudadanos, es por lo que se estima conveniente proceder a la aprobación de unas nuevas bases reguladoras con vigencia indefinida que incorporen las citadas mejoras, adaptándolas al nuevo marco normativo regulador de la subvenciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (Decreto 36/2009, de 31 de marzo) y de simplificación administrativa (Decreto 48/2009, de 28 de abril), así como efectuar la convocatoria para el ejercicio 2010 para su aprobación conjunta.

Quinto.- El Fondo Social Europeo (FSE) es un fondo estructural destinado a apoyar sistemas de aprendizaje permanente como parte de la prioridad de aumentar la adaptabilidad de los trabajadores y de las empresas, especialmente mediante la promoción de una mayor inversión en recursos humanos por parte de las empresas, especialmente las PYMEs, y en los trabajadores. El Programa Operativo FSE CANARIAS 2007-2013 contempla en su Eje 3 "Aumento y Mejora del Capital Humano" la categoría de gasto 74, para actuaciones conducentes al desarrollo del potencial humano en el ámbito de la I+D+i, incluyendo la incorporación de científicos y tecnólogos a las empresas, la formación de gestores de I+D+i, el apoyo a la creación de Empresas Innovadoras de Base Tecnológica (EIBTs) y el apoyo a las Oficinas de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRIs). El presente programa es susceptible de ser cofinanciado mediante el citado programa operativo.

Sexto.- En los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2010 se contempla la aplicación presupuestaria 06.20.542H.470.00, P.I.L.A. 06424302 denominado "Incorporación de personal innovador al tejido productivo", por un importe de seiscientos treinta y tres mil doscientos cinco euros con noventa y cinco céntimos (633.205,95 euros) cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), Eje 3 Tema Prioritario 74, con una tasa de cofinanciación del 85% en el marco del Programa Operativo FSE de Canarias 2007-2013.

El programa 542H "Capital Humano Investigador e Innovador", coincidente con la prioridad 3 "Aumento y mejora del capital humano" del Programa Operativo de Canarias FSE 2007-2013, es creado para fomentar las actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, favoreciendo el desarrollo del potencial humano, mediante determinadas actuaciones prioritarias, entre la que se concreta la "la incorporación de personal innovador al tejido productivo mediante ayudas plurianuales".

Dicha acción concreta se corresponde con el Eje 1: Personas, Capital Humano, Programa: Capacitación, competencia y movilidad e iniciativa asociada: ayudas para la incorporación a las empresas de doctores y tecnólogos del Plan Canario de I+D+i+d 2007-2010 (PICIDI).

Séptimo.- Con fecha 21 de mayo de 2010, se emite un comunicado de la Comisión para la Pequeña y Mediana Empresa en la que se manifiesta la previsión de no celebración de ninguna reunión dentro del plazo de emisión de informe preceptivo previsto en el Decreto territorial regulador de dicha Comisión.

Octavo.- Con fecha 1 de junio de 2010, la Dirección General de Asuntos Económicos con la Unión Europea emite informe favorable a la propuesta de Resolución, al ser compatible con la normativa comunitaria.

Noveno.- Con fecha 29 de julio de 2010, la Secretaría General de la Presidencia emite propuesta sobre la legalidad de las bases reguladoras.

Décimo.- Mediante Acuerdo de Gobierno de 6 de octubre de 2009 se decidió extender la aplicación del control financiero permanente en sustitución de la función interventora, a partir de 1 de enero de 2010. Por Resolución de 4 de enero de 2010 de la Intervención General se aprueba el Plan Anual de Control Financiero Permanente correspondiente al ejercicio 2010. Según la Resolución nº 273, de la Intervención General de 28 de mayo de 2010, el informe al que hace referencia el artículo 9.1, párrafo segundo del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, el informe a emitir por la Intervención General tendrá como finalidad verificar la regularidad formal del procedimiento establecido para la aprobación o modificación de las bases reguladoras de concesión de subvenciones, a cuyo efecto el órgano de control procederá a comprobar que consta en el expediente la documentación preceptiva que se relaciona en la indicada Resolución.

Undécimo.- Con fecha de 10 de agosto de 2010, la Intervención Delegada emite informe a la propuesta de Resolución.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 129/2008, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Presidencia del Gobierno (BOC nº 115, de 10.6.08), la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, bajo la dependencia directa del Presidente del Gobierno, es el órgano, con rango de dirección general, encargado de desempeñar las competencias relativas a las políticas y programas públicos en materia de investigación, desarrollo tecnológico, innovación empresarial y despliegue de la sociedad de la información de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC), así como de las entidades dependientes de la misma.

Específicamente, tiene atribuidas las siguientes competencias:

a) En materia de investigación, le corresponde la potenciación y fomento de la actividad de investigación en la CAC, tanto en Universidades como en centros públicos de investigación, prestando especial atención al desarrollo de la investigación empresarial.

b) En materia de innovación, la ejecución de actividades de apoyo a la innovación empresarial y la emprendeduría de base tecnológica, directamente o a través de centros de innovación propios o adscritos, así como la coordinación con otros centros de apoyo a la innovación empresarial públicos o privados; la gestión de programas de ayudas y subvenciones para el desarrollo de proyectos de desarrollo tecnológico e innovación, tanto tecnológica como de proceso y producto, por los agentes del sistema canario de ciencia-tecnología-empresa, así como para la creación y consolidación de empresas de base tecnológica; la difusión social de la cultura innovadora y emprendedora.

c) En materia de sociedad de la información, le corresponden las relativas al desarrollo de la sociedad de la información en el ámbito externo de la Administración Pública de la CAC y específicamente, la promoción del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad canaria y la gestión de programas de ayudas y subvenciones para el desarrollo de la sociedad de la información en Canarias; la elaboración de programas de apoyo a las empresas para la utilización de los servicios que provee la sociedad de la información, así como el fomento de la creación de instrumentos empresariales para su desarrollo.

d) En materia de desarrollo de capacidades humanas investigadoras e innovadoras, le corresponde la gestión de programas de ayudas y subvenciones para la formación de investigadores, elaboración de tesis doctorales, desarrollo de trabajos postdoctorales y cualquier otra actuación orientada a la formación de investigadores en el ámbito universitario, en centros públicos y privados de investigación, así como en su caso, en las empresas; la incorporación de dinamizadores y gestores de la innovación al tejido productivo, así como la incorporación de investigadores y tecnólogos a empresas.

Segunda.- La Ley 13/2009, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2010 (BOC nº 255, de 31.12.09), contempla dotación económica para los proyectos a que se alude en la presente convocatoria y han sido contabilizados los correspondientes documentos de reserva de crédito.

Tercera.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE nº 276, de 18 noviembre) regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por las Administraciones Públicas.

Cuarta.- El artículo 9.1 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece que los titulares de los Departamentos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, establecerán las oportunas bases reguladoras de la concesión. El artículo 3.1 del mismo Decreto dispone que son órganos competentes para conceder subvenciones los titulares de los Departamentos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y considera titular del Departamento al Presidente del Gobierno. Por su parte, el artº. 14 del citado Decreto establece que la iniciación de oficio del procedimiento para la concesión de subvenciones se realizará mediante convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Canarias, aprobada por el órgano competente para conceder subvenciones.

Quinta.- El artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, referido a delegación de competencias, dispone que los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aún cuando no sean jerárquicamente dependientes, o de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de aquéllas.

Por el Decreto 20/2010, de 11 de marzo, del Presidente, se delegan en el Director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, las competencias que correspondan al titular del departamento según las normas reguladoras de las subvenciones, y se deja sin efecto la delegación conferida en el Decreto 81/2008, de 10 de junio, del Presidente (BOC nº 119, de 16 de junio).

Sexta.- Por Resolución nº 256, de 30 de abril de 2010, del Director de la Agencia de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones para el año 2010, conforme a lo previsto en el artº. 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, contempla, en el apartado 3 de su anexo (Líneas de Subvención) la actuación: Incorporación de personal innovador al tejido productivo que se corresponde con el PI/LA 06424302 (Incorporación de Personal Innovador al Tejido Productivo).

Por todo ello, y en el ejercicio de las competencias delegadas por el Decreto 20/2010, de 11 de marzo, del Presidente (BOC nº 59, de 24 de marzo),

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar las bases reguladoras que figuran en el anexo I de la presente Resolución, que han de regir en la concesión de subvenciones para la incorporación de personal innovador al tejido productivo, bajo las condiciones que se establecen en el anexo I citado, para la contratación laboral de dichas personas por un período máximo de tres años, para realizar proyectos de los definidos en la base específica cuarta.

Queda sin efecto la Resolución de 29 de septiembre de 2008, del Director de la ACIISI, por la que se aprueban con carácter plurianual las bases reguladoras para el período 2008-2013, que han de regir en la concesión de subvenciones para incorporación de personal innovador al tejido productivo, y se efectúa la convocatoria para 2008 (BOC nº 223, de 6 de noviembre), así como la Resolución de 28 de octubre de 2008, del Director por la que se modifica la anterior Resolución (BOC nº 224, de 7 de noviembre).

Segundo.- Convocar para el ejercicio 2010 la concesión de las citadas subvenciones, mediante concurso, en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con las siguientes condiciones:

1. El importe total de dotación económica, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, será de un millón ochocientos noventa y nueve mil seiscientos diecisiete euros con ochenta y cinco céntimos (1.899.617,85) con cargo a la línea de actuación 06424302 "Incorporación de personal innovador al tejido productivo", según la aplicación presupuestaria 06.20.524H.470.00, con el siguiente desglose:

Ver anexo en la página 22685 del documento Descargar

La dotación presupuestaria citada está cofinanciada en un 85% por el Fondo Social Europeo (FSE) a través del Programa Operativo FSE CANARIAS 2007-2013, en su Eje 3 "Aumento y Mejora del Capital Humano" y en la categoría de gasto 74.

2. Para el presente ejercicio, el importe total de la indicada dotación económica podrá incrementarse a la vista de los expedientes presentados, siempre y cuando exista cobertura económica para llevarla a cabo, y sea publicado con anterioridad a la fecha fijada para resolver la presente convocatoria mediante concurso.

3. Para el ejercicio de 2010, el plazo de presentación de las solicitudes mediante la utilización de medios electrónicos según lo previsto en la base general primera será de un mes a partir de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias según lo previsto en la base general segunda, y el plazo máximo para resolver y notificar es el de 30 de noviembre de 2010. Este último plazo podrá ampliarse a la vista del volumen de proyectos presentados, de acuerdo con las normas del procedimiento administrativo común.

4. Para la presente convocatoria, se aprueban los modelos normalizados contenidos en los anexos II a VIII.

5. Designar al Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. (en adelante, ITC) como entidad colaboradora de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (en adelante, ACIISI) para la gestión del presente programa de subvenciones, para cuya efectividad se suscribirá el oportuno convenio de colaboración entre la ACIISI y el ITC.

La ACIISI podrá revocar libremente, en cualquier momento, la designación efectuada al ITC.

6. El presente régimen de ayudas se acoge al Reglamento (CE) nº 1998/2006 de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de mínimis (DO L 379, de 28.12.06).

Para el año 2010 le es de aplicación la Comunicación 2009/C 16/01, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 22 de enero de 2009, por la que se autoriza la Ayuda de Estado nº 307/2009. En su virtud, la suma de la ayuda recibida de las medidas previstas en el punto 4.2 de dicha Comunicación y la ayuda de mínimis recibida no debe superar los 500.000 euros para el período entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2010.

No obstante lo anterior, para los sectores agrícola y pesquero serán de aplicación en su ámbito correspondiente, en cuanto les resulte más favorable, el Reglamentos (CE) nº 800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento General de Exención por Categorías), y en su ámbito correspondiente, los Reglamentos (CE) nº 1860/2004, de la Comisión, de 6 de octubre de 2004, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de mínimis en los sectores agrario y pesquero y el Reglamento (CE) nº 875/2007, de la Comisión, de 24 de julio de 2007, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de mínimis en el sector pesquero.

Tercero.- La presente Resolución producirá sus efectos a partir de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra lo dispuesto en el apartado segundo de la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un (1) mes contado a partir del día siguiente a la publicación de la presente resolución; o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Las Palmas de Gran Canaria, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación, significando que en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta la resolución expresa del recurso de reposición o hasta que se produzca la desestimación presunta del mismo. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de agosto de 2010.- El Presidente, p.d., el Director (Decreto 20/2010, de 11 de marzo; BOC nº 59), Juan Ruiz Alzola.

A N E X O I

BASES ESPECÍFICAS

Primera.- Objeto, duración y alcance.

1. El objeto de las subvenciones a las que se refieren las presentes bases es fomentar, en régimen de concurrencia competitiva, la contratación laboral de personas doctoradas y/o tecnólogas a tiempo completo, por las empresas privadas para realizar proyectos definidos en la base específica cuarta, acordes a su preparación y titulación.

2. Las ayudas para la contratación de doctores y tecnólogos concedidas tendrán una duración total máxima de tres años, de conformidad con lo indicado en los apartados 3 y 4 de la presente base.

3. La continuidad de la ayuda en el segundo año estará condicionada a la existencia de un contrato laboral con el doctor o tecnólogo que abarque dicha anualidad, así como a la correcta justificación económica en el plazo y a través de los medios previstos en la base general décima y a la evaluación favorable del correspondiente informe anual según anexo VI.

4. La continuidad de la ayuda en el tercer año estará condicionada a la formalización de un contrato laboral indefinido con el doctor o tecnólogo, si no tuviera ya ese carácter, así como a la correcta justificación económica en el plazo y a través de los medios previstos en la base general décima y a la evaluación favorable del correspondiente informe anual según anexo VI.

5. Sólo se admitirá un contrato por empresa y trienio. En el caso de que la magnitud del proyecto lo justifique, y siempre que exista disponibilidad presupuestaria se podrá conceder subvención para un segundo contrato.

6. En los proyectos aprobados a uno o dos años, sólo se podrá solicitar otra subvención para la contratación del mismo doctor o tecnólogo en ese trienio si se le ha formalizado un contrato laboral indefinido. En los proyectos aprobados a uno, dos o tres años, si el doctor o tecnólogo ha sido contratado indefinidamente antes de la finalización del proyecto, se puede solicitar una nueva subvención a ese trienio y siempre que la ampliación y/o nuevo proyecto presentado cumpla las presentes bases.

7. El personal habrá de incorporarse bajo una modalidad de contratación acorde con la normativa vigente y con las normas del organismo solicitante y en las condiciones propuestas en la solicitud.

8. Los proyectos que se soliciten para un período superior al año y que por limitaciones presupuestarias no puedan aprobarse, podrán ser aprobados sólo para un año. La presentación de la solicitud significará la aceptación expresa de este apartado.

Dichos proyectos y siempre que cumplan los requisitos expresados en la base específica primera, apartado 3 y/o 4 podrán presentarse a la convocatoria siguiente.

Segunda.- Beneficiarios.

1. Tendrán la consideración de beneficiarios de la subvención los destinatarios de los fondos públicos que hayan de realizar la actividad que fundamente su otorgamiento, o que se encuentren en la situación que legitime su concesión, en los términos que en cada caso se establezcan en las presentes bases específicas. A tal efecto, podrán ser beneficiarios las empresas privadas definidas en el apartado A) de la base específica sexta, que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que cuenten con un centro de trabajo radicado en Canarias, donde se adscriba la persona objeto de subvención. No obstante, se podrá aceptar la realización de los trabajos en las dependencias de centros públicos de investigación y centros tecnológicos canarios.

b) Que vayan a iniciar un proyecto de I+D+i o reforzar sustancialmente una línea de I+D+i existente, de los definidos en la base específica cuarta.

c) Que acrediten los requisitos generales de la base específica siguiente.

2. Conforme al artículo 11.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, también podrán recibir la consideración de beneficiario los miembros asociados del beneficiario que se comprometan a efectuar parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por cuenta de éste. Se consideran miembros asociados aquellos entre los que existe una relación o vínculo de carácter jurídico no contractual, que se encuentre recogido en sus estatutos, en escritura pública o documento análogo de fundación o constitución.

3. Los beneficiarios no podrán encontrarse incursos en ninguna de las circunstancias que prohíben la obtención de la condición de beneficiario, recogidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

4. Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones.

Tercera.- Requisitos generales de los beneficiarios.

Las entidades que pretendan beneficiarse del presente régimen de subvenciones, deberán cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos:

1. Que de los datos aportados, tanto en los impresos normalizados como en la memoria que acompaña a la solicitud, se deduzca que el proyecto de inversión está adecuadamente definido, y evidencia una descripción suficiente para ser evaluado, conforme a los criterios de valoración establecidos en la base específica décima.

2. El beneficiario deberá acreditar la viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto a realizar.

3. A efectos de acreditar la viabilidad financiera, se ha de demostrar que los fondos propios del beneficiario cubren al menos el 25% del importe conjunto del activo actual de la empresa más la inversión aprobada. Además deberá aportarse un informe favorable o declaración apropiada de entidades financieras.

4. Para empresas existentes, y en el caso de que sean personas jurídicas, el requisito del 25% anterior se comprobará mediante los Impuestos de Sociedades de los dos últimos ejercicios anteriores a la solicitud de subvención, siendo uno de ellos, el que corresponde presentar en el año de la solicitud.

En caso de que finalizado el período de presentación de solicitudes, el plazo de presentación del último impuesto de sociedades no hubiese expirado, se aportará balance y cuenta de resultados actualizados y firmados por las personas que ostenten la representación legal de la empresa solicitante, para ese ejercicio.

En este supuesto, y siempre que resulte subvencionada la empresa, se aportará con la solicitud de abono anticipado, el impuesto de sociedades relativo al ejercicio para el que se presentó el balance y cuenta de resultados, a que se hace referencia en el párrafo anterior.

5. Para empresas de nueva constitución, se aportará la escritura de constitución de la sociedad elevada a público, en la que quedará reflejado el citado requisito del 25% referido en este caso al capital social en relación a la inversión aprobada.

6. Si para cumplir con el requisito del 25% de autofinanciación fuese necesario realizar una ampliación de capital social, se podrá aceptar, a efectos de conceder la subvención, el compromiso firmado por los socios o accionistas en el sentido de que el nuevo importe de capital, se desembolsará, escriturará y se procederá a inscribir en el Registro correspondiente con anterioridad al abono de la subvención. La no aportación de la documentación que acredite estos extremos en el plazo disponible para tramitar el pago de la subvención dará lugar a la pérdida de la misma.

7. En el caso de persona física, este requisito se comprobará mediante el IRPF del último ejercicio, así como a través de declaraciones apropiadas emitidas por entidades financieras, sobre los saldos medios, tanto del año anterior como del año de solicitud de subvención, aportándose este último con la solicitud de abono anticipado, en su caso.

8. El requisito de la autofinanciación previsto en los apartados anteriores podrá ser sustituido por la constitución de garantía en los términos previstos en la base general novena.

Cuarta.- Proyectos o actuaciones subvencionables.

Podrán ser objeto de subvención los proyectos siguientes, definidos según el Marco Comunitario sobre Ayudas Estatales de Investigación y Desarrollo e Innovación (2006/C 323/01, DO C 323, de 30.12.06):

a) "Investigación aplicada", la investigación planificada o los estudios críticos encaminados a adquirir nuevos conocimientos y aptitudes que puedan ser útiles para desarrollar nuevos productos, procesos o servicios, o permitan mejorar considerablemente los ya existentes. Incluye la creación de componentes de sistemas complejos que sean necesarios para investigación industrial, especialmente la validación de tecnología genérica, salvo los prototipos contemplados en la letra b).

b) "Desarrollo experimental", la adquisición, combinación, configuración y empleo de conocimientos y técnicas ya existentes, de índole científica, tecnológica, empresarial o de otro tipo, con vistas a la elaboración de planes y estructuras o diseños de productos, procesos o servicios nuevos, modificados o mejorados. Podrá incluir, por ejemplo, otras actividades de definición conceptual, planificación y documentación de nuevos productos, procesos y servicios. Entre las actividades podrá figurar la elaboración de proyectos, diseños, planes y demás tipos de documentación siempre y cuando no vaya destinada a usos comerciales.

Son también subvencionables la producción y ensayo experimentales de productos, procesos y servicios, siempre y cuando no puedan emplearse o transformarse de modo que puedan utilizarse en aplicaciones industriales o para fines comerciales.

El desarrollo experimental no incluye las modificaciones habituales o periódicas efectuadas en los productos, líneas de producción, procesos de fabricación, servicios existentes y otras actividades en curso, aun cuando dichas modificaciones puedan representar mejoras.

c) "Innovación en materia de procesos", la aplicación de un método de producción o suministro nuevo o significativamente mejorado (incluidos cambios significativos en cuanto a técnicas, equipos y/o programas informáticos). No se consideran innovaciones los cambios o mejoras de importancia menor, el aumento de las capacidades de producción o servicio mediante la introducción de sistemas de fabricación o logística muy similares a los ya utilizados, el abandono de un proceso, la mera sustitución o ampliación de capital físico, los cambios exclusivamente derivados de variaciones del precio de los factores, la personalización ("customisation"), los cambios periódicos de carácter estacional u otros y el comercio de productos nuevos o significativamente mejorados.

El desarrollo de programas informáticos será subvencionable siempre que implique actividad inventiva y produzca un efecto técnico y no la mera automatización de actividades intelectuales. Ejemplos de efecto técnico son el control y accionamiento de equipos o la simulación de comportamientos a través de modelos matemáticos.

Quinta.- Requisitos de los doctores/as, tecnólogos/as.

Las personas doctoradas y/o tecnólogas a contratar mediante las subvenciones previstas en la presente Resolución deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ostentar la ciudadanía de un país miembro de la Unión Europea.

b) Estar en posesión de la titulación indicada, así como de la experiencia requerida, en la fecha de solicitud de la correspondiente convocatoria anual. En el caso de sustitución de personal contratado en convocatorias anteriores, se admitirán aquellas personas que cumplan dicho requisito respecto de la última convocatoria publicada.

c) No haber mantenido en el año anterior a la entrada en vigor de la correspondiente convocatoria una relación laboral de carácter contractual con la entidad con la que solicita ayuda de este Programa, ni con ninguna otra relacionada accionarial o socialmente con la misma. Se exceptúan los casos de doctores o tecnólogos de proyectos de uno o dos años aprobados a las entidades solicitantes en convocatorias anteriores.

En el caso de las empresas "spin-off", no será necesario cumplir este requisito si la vinculación laboral anterior se ha mantenido con una institución de I+D pública o privada sin ánimo de lucro que participa en el accionariado o en el capital de la nueva empresa, de acuerdo con la definición de empresa "spin-off" recogida en el apartado g) de la base específica sexta de esta Resolución.

d) No será subvencionable la contratación de personas vinculadas con el perceptor de los fondos públicos, sus administradores o apoderados, en aplicación del artº. 68.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

En el caso de que una de las partes que intervienen sea un sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades, cuando así se deduzca de las normas reguladoras del mismo (actualmente, el artículo 16.3 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo).

En el caso de que ambas partes sean personas físicas, cuando exista relación de consanguinidad hasta el segundo grado inclusive, o relación de afinidad hasta el tercer grado inclusive, y entre cónyuges.

e) Acreditar la experiencia previa adecuada en el caso de personas tecnólogas según el apartado i) de la base especifica sexta de la presente Resolución.

Sexta.- Definiciones.

A los efectos de la presente Resolución, se entiende por:

A) Empresa: persona física y/o jurídica, cualquiera que sea su régimen jurídico, que esté válida y totalmente constituida en el momento de presentación de la solicitud de ayuda, y cuya actividad principal consista en la producción de bienes y servicios destinados al mercado. A los efectos de la presente Resolución, no se integran en particular en el concepto de "empresa" las sociedades mercantiles públicas. Se entenderá por válida y totalmente constituida aquella entidad jurídica que esté debidamente registrada en el Registro Mercantil y se encuentre dada de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y en el Régimen General de la Seguridad Social y/o en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y para el caso de personas físicas el alta en el IAE y en el Régimen General de la Seguridad Social y/o en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Siempre que exista disponibilidad presupuestaria, podrá aceptarse para entidad jurídica la fecha de constitución de la escritura y, al menos, el IAE y para persona física este último requisito.

Dentro del concepto de empresa se diferencian las pequeñas y las medianas empresas (en adelante, PYMEs) de acuerdo con el anexo I del Reglamento (CE) nº 70/2001 de la Comisión, de 12 de enero (DO L 10, de 13 de enero), modificado por el Reglamento (CE) nº 364/2004, de la Comisión, de 25 de febrero de 2004 (DO L 63, de 28.2.04), que incorpora la Recomendación 2003/361/CE, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea de 20 de mayo de 2003 (DO L 124, de 20 de mayo), es decir, aquella empresa que ocupa a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocio anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros y que el cómputo de los efectivos y límites en el caso de empresas asociadas o vinculadas se efectúe como disponen los apartados 2 y 3 del artículo 6 del anexo de la referida Recomendación de la Comisión Europea de 6 de mayo de 2003.

En la categoría de PYME se distingue entre microempresa, pequeña y mediana empresa, según los efectivos y límites financieros siguientes:

· Micropyme: ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no excede de 2 millones de euros.

· Pequeña empresa: ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no excede los 10 millones de euros.

· Mediana empresa: ocupa a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros.

En la documentación a aportar deberá quedar definido, además de la categoría de Pyme que corresponda, la calificación de la Pyme, según la terminología de la Recomendación 2003/361/CE, como autónoma, asociada o vinculada, entendiendo que los efectivos y los importes financieros han de incluir los del solicitante, los de las empresas vinculadas y la parte proporcional de las empresas asociadas.

A título orientativo, una empresa se califica como autónoma cuando no está participada por otras empresas y si existiera participación, ninguna alcanza el porcentaje del 25%. Empresas asociadas son aquéllas en las que la participación de otras alcanza o supera el 25% del capital o de los derechos de voto, pero sin que exista dominio o control por otra o grupo de otras empresas. Finalmente, se califican como vinculadas cuando existe ese dominio o control.

El cálculo del efectivo de personal se realizará conforme al artículo 5 de la Recomendación 2003/361/CE, considerando el número de Unidades de Trabajo Anual (UTA), es decir, el número de personas que trabajan en la empresa en cuestión o por cuenta de dicha empresa a tiempo completo durante todo el año de que se trate. El trabajo de las personas que no trabajan todo el año, o trabajan a tiempo parcial, independientemente de la duración de su trabajo, o el trabajo estacional, se cuentan como fracciones de UTA.

Los aprendices o alumnos de formación profesional con contrato de aprendizaje o formación profesional no se contabilizarán dentro de los efectivos. No se contabiliza la duración de los permisos de maternidad o de los permisos parentales.

Una empresa no será Pyme si el 25% o más de su capital o de sus derechos de voto están controlados, directa o indirectamente, por uno o más organismos públicos o colectividades públicas, admitiéndose las excepciones contempladas en el artículo 3.2 de la citada Recomendación de la Comisión.

· Gran Empresa: todas las empresas que no se incluyan en las definiciones de pymes precedentes.

B) Centros de Investigación y Desarrollo: las Universidades Públicas, los Organismos Públicos de Investigación reconocidos como tales por la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación de la Investigación Científica y Técnica; cualquier centro de I+D dependiente de las Administraciones Públicas. También se admitirán Universidades y entidades privadas, con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro, con capacidad o actividad demostradas en la realización directa de actividades de investigación y desarrollo.

C) Centro tecnológico y de Apoyo a la Innovación Tecnológica: aquellas entidades sin ánimo de lucro, legalmente constituidas y residentes en España, que gocen de personalidad jurídica propia, que estatutariamente tenga por objeto contribuir, al beneficio general de la sociedad y a la mejora de la competitividad de las empresas mediante la generación del conocimiento tecnológico, realizando actividades de I+D+i y desarrollando su aplicación y, en el caso de centros de apoyo a la innovación tecnológica, a facilitar la aplicación del conocimiento generado en los organismos de investigación, incluidos los centros tecnológicos, mediante su intermediación entre éstos y las empresas, proporcionando servicios de apoyo a la innovación y que estén inscritos en el Registro regulado por el Real Decreto 2093/2008, de 19 de diciembre, a la fecha de presentación de la solicitud.

D) Organismos Públicos de Investigación y Desarrollo: aquellas entidades canarias no comprendidas en la definición B o C, incluso las sociedades mercantiles públicas y/o fundaciones con capacidad o actividad demostradas en la realización directa de actividades de investigación y desarrollo.

E) Grupo de Investigación: es la agrupación de investigadores de un Centro de Investigación y Desarrollo que realiza su actividad investigadora en un ámbito científico-tecnológico concreto.

F) Proyecto en cooperación: un proyecto en cooperación de los tipos a), b), c) de la base específica cuarta, involucrará a una agrupación sin personalidad de personas físicas o jurídicas debiéndose firmar un acuerdo escrito entre los participantes donde conste expresamente los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación. No se considera participante aquél que aporte una mera carta de interés. El acuerdo reflejará:

- La Entidad responsable del expediente.

- Actividad y compromiso de ejecución de cada uno de los cooperantes.

- Objeto del acuerdo.

- Coste desglosado del proyecto en cooperación.

- Desglose de responsabilidades.

La agrupación estará formada por un grupo de empresas integrado como mínimo por 3 pymes con la posible coparticipación de las entidades definidas en los apartados B), C) o D) de la presente base.

G) Spin-off: empresa fundada en los últimos cinco años, contados a partir de la fecha de publicación de la correspondiente convocatoria anual, por personal de una institución de I+D pública o privada sin ánimo de lucro o un estudiante para desarrollar y comercializar una invención, las empresas que licencien tecnología propiedad de una universidad o centro público de investigación, las empresas que comiencen en un parque tecnológico o incubadora de empresas perteneciente al sector público o la universidad y las empresas en las que una universidad o un centro público ha realizado una participación en su capital.

H) Doctor/a: persona que haya obtenido este grado universitario por la Universidad correspondiente o equivalente dentro del nuevo Espacio Europeo de la Educación, con anterioridad a la presentación de la solicitud de la correspondiente convocatoria.

I) Tecnólogo/a: Titulado universitario de grado superior y/o medio, o equivalente dentro del nuevo Espacio Europeo de la Educación, con 4 meses de experiencia laboral demostrable, con anterioridad a la presentación de la solicitud de la correspondiente Convocatoria, en I+D en áreas relevantes para las actividades que desarrolle o pretenda desarrollar el beneficiario. Tendrán igualmente dicha consideración aquellas personas que hayan finalizado con éxito el "Taller de Dinamizadores de la Innovación" financiado por este Departamento, aunque no reúnan el requisito de la experiencia laboral en I+D+i, u otros programas equivalentes, con un mínimo de 6 meses, como becarios del Gobierno de Canarias y/o de las Universidades y/o Centros de investigación, empresas públicas de la Administración Pública de Canarias en materia de desarrollo y/o gestión de la innovación.

J) Perfil personal: requisitos mínimos definidos por el solicitante de la persona a contratar, independientemente de los definidos en los apartados de doctor y/o tecnólogo.

Séptima.- Condiciones generales de los proyectos o actuaciones.

1.1. La entidad solicitante se comprometerá a asignar a la persona contratada a un departamento con actividades de I+D para los casos en que la entidad disponga de este tipo de departamento, o a destinar a la persona contratada a tareas que favorezcan la implantación de la actividad que responda a los proyectos subvencionables de acuerdo a lo establecido en la base específica cuarta de la presente Resolución.

1.2. Una vez contratada la persona, se admitirá la modificación de la misma siempre que cumpla con las presentes bases y al aplicar el baremo con la nueva persona contratada, la puntuación resultante sea igual o superior a la mínima necesaria en su convocatoria para ser objeto de la subvención. En el caso de tecnólogo a doctor no producirá efecto en la cuantía de la subvención concedida y si el cambio es de doctor a tecnólogo deberá reintegrarse la diferencia más los intereses legales.

2. La actividad a realizar debe responder a una demanda del mercado y deberá quedar justificado en el expediente el interés y motivación que suscita el proyecto para el solicitante y participantes, en su caso.

3.1. Los proyectos deberán respetar los principios fundamentales establecidos en la Declaración de Helsinki (Asamblea Médica Mundial), en el Convenio del Consejo de Europa relativo a los derechos humanos y la biomedicina, en la Declaración Universal de la UNESCO sobre el genoma humano y los derechos humanos, así como cumplir los requisitos establecidos en la legislación española en el ámbito de la investigación biomédica, la protección de datos de carácter personal y la bioética.

3.2. Los proyectos que impliquen la investigación en humanos o la utilización de muestras de origen humano deberán acompañar la preceptiva autorización emitida por el Comité de Ética del Centro en que se vaya a realizar el estudio, constituido de acuerdo a la normativa legal vigente. La autorización deberá ser expedida por el Presidente o el Secretario de dicho Comité, y en ella se hará constar la referencia al acta de la sesión en la que se tomó el acuerdo y, en su caso, a lo dispuesto en la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica.

3.3. Los proyectos que impliquen experimentación animal deberán atenerse a lo dispuesto en la normativa legal vigente y en particular en el Real Decreto 1201/2005, de 10 de octubre, sobre protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos.

3.4. Los proyectos que impliquen la utilización de organismos modificados genéticamente deberán atenerse a lo dispuesto en la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica, a la Ley 9/2003, de 25 de abril, sobre la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente, y en el Real Decreto 178/2004, de 31 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general que la desarrolla.

3.5. Los proyectos que impliquen la utilización de agentes biológicos, deberán ajustarse a lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en los Reales Decretos que la desarrollan, en cuanto a los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos.

3.6. Los proyectos que comporten ensayos clínicos deberán cumplir con lo previsto en el Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos (BOE de 7.2.04).

3.7. Los proyectos de investigación que impliquen la utilización de células troncales embrionarias humanas o líneas celulares derivadas de ellas, deberán ajustarse a lo dispuesto a tal efecto en la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica.

3.8. Los proyectos que impliquen adquisición o intercambio de material genético deberán atenerse a lo establecido en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y en el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura y a lo establecido en la Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos.

En el caso de recursos fitogenéticos las recolecciones de material genético deberán cumplir las disposiciones de carácter nacional y/o autonómico que afecten a posibles taxones que se consideren amenazados.

Octava.- Gastos subvencionables.

1. Los gastos subvencionables serán los propios de la contratación laboral de la persona a incorporar, esto es, salario bruto más Seguridad Social a cargo de la patronal, realizados a partir del inicio del período subvencionable, establecido en la base general tercera.

Serán gastos subvencionables aquellos que tengan tal consideración, de conformidad con lo dispuesto en el artº. 56 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establece las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1260/1999, y en el artº. 11 del Reglamento (CE) nº 1081/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Social Europeo, y por el que se deroga el Reglamento (CE) 1784/1999 en caso de financiación FSE.

En todo caso, al tratarse de una subvención cofinanciada por el Fondo Social Europeo, sólo serán subvencionables aquéllos gastos que tengan la consideración de elegibles con arreglo a los criterios de elegibilidad de gastos contemplados en la Orden TIN/2965/2008, de 14 de octubre (BOE nº 252, de 18 de octubre) que, de manera indubitada, respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el plazo de ejecución establecido. Asimismo, los gastos deberán ser efectivamente realizados y pagados por los beneficiarios de las subvenciones.

Novena.- Límite de porcentaje y cuantía de la subvención.

1. Cuantía de la subvención: el importe de la subvención será el porcentaje que se especifica a continuación según el tipo de empresa de las definidas en la base específica sexta, y corresponderá a un porcentaje del gasto subvencionable a justificar, sin superar en ningún caso las cuantías máximas de subvención, establecidas en el apartado 2:

Ver anexo en la página 22691 del documento Descargar

En su caso, la Comisión de Evaluación prevista en la base general quinta podrá proponer una disminución de hasta un máximo del 10 %, de estos porcentajes.

2. Cuantías máximas de subvención por persona y año:

Ver anexo en la página 22691 del documento Descargar

Décima.- Criterios de valoración. Puntuación mínima. Orden de prelación.

La Comisión de Evaluación definida en la base general quinta valorará las solicitudes de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Calidad y viabilidad científico-tecnológica, o capacidad de innovación en su caso, del proyecto concreto de investigación, de desarrollo tecnológico o del estudio de viabilidad técnica previo a cuya realización se asigna el doctor o tecnólogo contratado (hasta 25 puntos).

b) Currículum vitae del doctor o tecnólogo y adecuación de su formación y experiencia a las tareas a realizar, valorándose el haber sido beneficiario de un programa público de contratación e incorporación de recursos humanos o de gestores de la innovación. La Comisión de evaluación podrá requerir al solicitante la acreditación mediante certificación y/o documentos justificativos de los méritos reseñados en el CV (hasta 25 puntos).

c) Colaboración con alguna de las entidades definidas en la Base Específica sexta apartados B), C) y D), una Universidad Pública Canaria o Centro de investigación público, incluso aquellos adscritos a alguna empresa pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (hasta 25 puntos).

d) Impacto y efecto incentivador de la ayuda en la capacidad de I+D de la entidad solicitante (hasta 15 puntos).

e) Oportunidad de la propuesta en el contexto del Plan Canario I+D+i+d 2007-2010 (hasta 10 puntos).

f) Suplemento por presentar el informe tecnológico de patentes sobre el tema del proyecto: 5 puntos.

La Comisión eliminará las solicitudes que no hayan obtenido una puntuación superior a 30 puntos y ordenará las restantes solicitudes por orden decreciente de puntuación y de acuerdo con el siguiente orden de prelación. En primer lugar los proyectos a tres años, a continuación los de dos años y finalmente los de un año. A igualdad de puntuación, se discriminará en orden descendente por existencia de discapacidad y sexo (primando el femenino) y a igualdad de ésta, por micro, pequeña, mediana empresa priorizando la de islas periféricas. A partir de este orden, se concederán subvenciones hasta agotar el crédito disponible de cada convocatoria.

Undécima.- Régimen transitorio.

Los proyectos subvencionados en 2009 que fueron solicitados para un período superior al año y que fueron aprobados sólo para un año, siempre que cumplan los requisitos expresados en la base específica primera apartado 3 y/o 4, podrán presentarse a la convocatoria de 2010. En todo caso se estará a lo dispuesto en las presentes bases.

BASES GENERALES

Primera.- Solicitudes.

1. La presentación de solicitudes se tramitará mediante la utilización de medios electrónicos a través de los correspondientes modelos o sistemas electrónicos de solicitud, los cuales se cumplimentarán necesariamente con los medios electrónicos de ayuda disponibles en la sede electrónica de la ACIISI. Dicho modelo podrá ser modificado en las convocatorias que se realicen en el marco de la presente Resolución.

En caso de no disponibilidad telemática de los formularios por cualquier razón de causa mayor se habilitará un procedimiento alternativo que podrá ser consultado de forma detallada a través de la dirección: http://www.gobiernodecanarias.org/aciisi.

Las instancias, solicitudes, comunicaciones y demás documentación exigible relativa a los proyectos objeto de la ayuda serán presentadas en el Registro electrónico de la ACIISI.

Las solicitudes se presentarán mediante sistemas de identificación y autentificación electrónica, de acuerdo con lo dispuesto en el artº. 5.2 del Decreto 56/2009, de 18 de mayo, del Presidente, por el que se regula la utilización de medios electrónicos en la ACIISI. El D.N.I. electrónico (D.N.I.e), la firma electrónica, el certificado electrónico o las claves concertadas con las que se firme la solicitud deberán corresponder obligatoriamente con la del solicitante. Asimismo, toda la documentación complementaria que los interesados deban aportar en la fase procedimental correspondiente deberá venir firmada electrónicamente por una persona que ostente poder bastante en el seno de la entidad que representa.

En caso de que el firmante sea una persona distinta de la que firmó la solicitud de ayuda se deberá aportar la acreditación del poder con que actúa el nuevo firmante que deberá ser suficiente para ejercer dicha representación.

El incumplimiento de alguna de estas obligaciones podrá ser causa de inadmisión de la solicitud o desistimiento, según la fase procedimental de que se trate.

En supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento de registro electrónico, y siempre que sea posible, se dispondrán de las medidas para que el usuario resulte informado de esta circunstancia. En tales supuestos, si se produjera la interrupción del servicio, se podrá declarar inhábil el último día de aquellos plazos de inminente vencimiento para la presentación de solicitudes por los interesados, cumplimentación de trámites o subsanación de requerimientos, exclusivamente a los efectos del cómputo plazos, reanudándose dicho cómputo el siguiente día hábil, mediante una Resolución del titular de la sede electrónica, que será objeto de publicación en dicha sede, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26.5 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.

Además, se comunicará dicha circunstancia a todas las personas registradas en las aplicaciones gestoras de los procedimientos afectados.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado quinto de la presente base general, las solicitudes tramitadas electrónicamente deberán ir acompañadas de los siguientes documentos:

a) Impresos normalizados, según anexo II.

b) Declaración responsable de simplificación administrativa, relativa a los extremos que se indican a continuación, según anexo II-1:

- Escritura de constitución de la entidad solicitante o documentación equivalente acreditativa de la personalidad o en su defecto certificado emitido por el Registro mercantil o el Registro de Asociaciones correspondiente, en el que se hagan constar sus datos generales.

- Poder del representante.

- C.I.F. o N.I.F. del solicitante.

- Documentación acreditativa del desarrollo de su actividad económica (alta en el IAE, último recibo o certificado de inscripción en el epígrafe correspondiente).

- Licencia de apertura.

c) Declaración de pyme según anexo II-2.

d) Plan de empresa y Memoria explicativa, según anexo III.

e) Inscripción en alguno de los Regímenes de la Seguridad Social, salvo autorización del solicitante a la ACIISI para su consulta por vía telemática, en su caso.

f) Certificados de estar al corriente del pago de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social en el Régimen General y/o el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, salvo autorización del solicitante a la ACIISI para su consulta por vía telemática.

g) Informe TGSS del número medio anual de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social, salvo autorización del solicitante a la ACIISI para su consulta por vía telemática. En el caso de que la media del último año sea inferior a la del Informe, se aportará Cuadro resumen con la relación mensual de trabajadores dados de alta en el último año natural en la Seguridad Social según anexo IV.1 y copia del TC1 y TC2 del último mes del año natural.

h) Impuesto de Sociedades de los dos últimos ejercicios anteriores a la solicitud de subvención, siendo uno de ellos, el que corresponde presentar en el año de la solicitud.

i) Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente a la última declaración.

j) Informe favorable o declaración apropiada de entidades financieras.

k) Justificación del perfil requerido y procedimiento de selección de la persona propuesta, tipo de contrato y condiciones del mismo, según anexo IV.3.

l) Coste laboral del doctor/tecnólogo, según anexo IV.2.

m) En su caso, Acuerdo y/o Convenio o borrador del mismo para proyectos en cooperación.

n) En su caso, Informe Tecnológico de Patentes, emitido por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

o) Para contratos subvencionados por este programa en el año anterior y siempre que cumplan con los apartados 5 y/o 6 de la base específica primera, la nueva solicitud de subvención incluirá sólo la instancia de solicitud haciendo referencia expresa al expediente y una memoria que describa el estado actual del proyecto, incidiendo en las fases realizadas y resultados obtenidos según el anexo VI.

El apartado b) de la base específica décima se valorará siempre que se aporte la siguiente documentación:

· D.N.I. digitalizado de la persona a contratar.

· Título académico.

· Currículum Vitae, según anexo IV.4.

· Acreditación de la experiencia laboral según modelo del anexo IV.5. Para aquellos casos en que no proceda, se aportará dicho modelo firmado por el interesado, acompañado del informe de vida laboral y documentación acreditativa suficiente.

· Declaración responsable de no vinculación, en los términos de la base específica quinta apartado d).

· Declaración responsable de inexistencia de vinculación laboral entre la persona a contratar y la entidad contratante, durante el año anterior a la fecha de publicación de la correspondiente convocatoria.

· Acreditación de la discapacidad, en su caso, del doctor o tecnólogo a contratar.

3. La presentación de la solicitud de ayuda implicará la aceptación de la inclusión del solicitante, en su caso, en la lista de beneficiarios que se publicará electrónicamente, o por otros medios, con el nombre de los proyectos y la cantidad de fondos públicos asignados a ellos, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 6, en concordancia con el artículo 7.2.d) del Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan normas de desarrollo para el Reglamentos (CE) nº 1083/2006 y el Reglamentos (CE) nº 1080/2006.

4. La ACIISI podrá requerir a la entidad solicitante de la ayuda cuanta documentación y/o información adicional relacionada considere necesaria para la adecuada comprensión y evaluación del proyecto.

Los requerimientos a los que se hace referencia en el párrafo anterior, así como cualquier otro que pudiera realizarse por la ACIISI en relación a cuanta documentación y/o información adicional relacionada se considere necesaria para una adecuada comprensión y valoración del proyecto, se realizarán por comparecencia en la sede electrónica, mediante su publicación en dicha sede. Asimismo, y simultáneamente se comunicarán por correo electrónico a la dirección indicada por el solicitante en el modelo de solicitud, si bien dicha comunicación complementaria carecerá de efectos jurídicos vinculantes para la Administración y el destinatario de dicha comunicación.

5. Los solicitantes no estarán obligados a presentar los documentos que ya obren en poder de la ACIISI, así como los que se hubieran presentado en otras Administraciones y se encuentren en soporte electrónico, de conformidad con lo previsto en el artº. 35.f) de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, debiendo indicar en el formulario de solicitud el número de expediente que le fue comunicado en aquella ocasión, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento que corresponda, o bien la dirección electrónica del documento en el caso de obrar en poder de otra Administración. En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.

6. La presentación de la solicitud con firma electrónica permitirá el acceso, con el mismo certificado, a la sede electrónica de la ACIISI, donde se podrán consultar los documentos presentados y el estado de tramitación del expediente. Asimismo, conllevará la aceptación para recibir todas las comunicaciones y notificaciones que se realicen a lo largo de la tramitación del expediente electrónico a través de dicha sede electrónica. Adicionalmente a la publicación de comunicaciones y notificaciones a través de la sede electrónica de la ACIISI, se pondrá a disposición del interesado un sistema complementario de alertas por medio de correo electrónico.

7. La presentación de la solicitud conlleva la autorización a la ACIISI (o a la entidad colaboradora que se establezca para la gestión de esta convocatoria), salvo manifestación en contrario por el solicitante, para recabar los certificados electrónicos o transmisiones de datos a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Administración Tributaria Canaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social, en los que se acredite que el solicitante se encuentra al corriente en sus obligaciones con dichas administraciones. En cualquier caso la ACIISI se reserva el derecho a requerir directamente al solicitante en caso de que la información obtenida presente alguna incidencia.

8. La publicación de las resoluciones provisionales y definitivas, así como de las resoluciones de concesión y sus posibles modificaciones ulteriores y de los demás actos del procedimiento en la indicada sede electrónica de la ACIISI, surtirá todos los efectos de la notificación practicada según lo dispuesto en el artº. 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con los procedimientos de concurrencia competitiva.

9. Las entidades solicitantes tendrán que estar dadas de alta en el Sistema de Información para la gestión económico-financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias (SEFCAN) en el momento previo a la concesión de subvención.

Segunda.- Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la Resolución de la correspondiente convocatoria hasta las fechas indicadas en la misma.

Tercera.- Inicio del período subvencionable y plazo para ejecutar la actividad subvencionada.

La ejecución de los proyectos objeto de esta subvención se desarrollará en uno, dos o tres años según la correspondiente Resolución de concesión. El inicio del cómputo de este período coincidirá con la fecha de suscripción del contrato del doctor o tecnólogo, debiendo ser esta fecha igual o posterior a la fecha de la correspondiente convocatoria anual, y finalizará según el período determinado por la resolución de concesión.

Dicho plazo podrá modificarse, previa solicitud motivada del beneficiario, antes de la fecha de vencimiento para la realización del proyecto.

Cuarta.- Instrucción del procedimiento.

El órgano competente para la instrucción del procedimiento será la ACIISI, pudiendo encomendar determinados actos de instrucción que no lleven aparejado el ejercicio de potestades administrativas en las entidades colaboradoras que se oportunamente se designen.

Una vez recibida la solicitud, se examinará si reúne los requisitos exigidos y si se acompaña a la misma la preceptiva documentación, requiriéndose en la forma prevista en el apartado 4 de la base general primera en caso contrario al interesado para que, en el plazo de diez (10) días subsane, y/o complete los documentos y/o datos que deben presentarse según se indica en la citada base general, advirtiéndose de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42, de conformidad con lo establecido en el artículo 71.1 ambos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Quinta.- Comisión de Evaluación.

1. Las solicitudes serán objeto de un procedimiento de evaluación en el que intervienen el órgano competente para la instrucción del procedimiento y una Comisión de Evaluación, que será nombrada por el Director de la ACIISI y que estará formada por un número no superior a 5 miembros. Su funcionamiento se regirá por lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La Comisión de Evaluación podrá asesorarse de entidades y expertos externos de reconocida cualificación y prestigio cuando lo considere necesario.

2. En la valoración de los proyectos y acciones objeto del presente régimen de ayudas, la Comisión de Evaluación evaluará la oportunidad estratégica y el impacto potencial de los mismos, pudiendo asistirse de evaluadores externos de solvencia técnica y garantizada imparcialidad.

3. La evaluación se realizará basándose en los criterios que se relacionan en la base específica décima.

4. La Comisión podrá recabar de la entidad solicitante, así como del doctor o tecnólogo cuya contratación se propone, las aclaraciones que estime necesarias para una mejor comprensión y evaluación.

5. La Comisión propondrá sobre la conveniencia de, bien aplicar los porcentajes y cuantías máximos de la base específica novena, o bien asignarles un coeficiente corrector.

La Comisión analizará la adecuación del salario bruto anual que propone la entidad solicitante para el investigador a contratar.

6. La Comisión propondrá sobre la conveniencia de, bien aplicar los porcentajes y cuantías máximos de la base específica sexta, o bien asignarles un coeficiente corrector.

7. Los resultados de las evaluaciones, el informe de la evaluación final y la propuesta de estimación o desestimación de las solicitudes de financiación de proyectos efectuada por la Comisión de Evaluación y, en su caso, por las entidades y/o evaluadores externos, se trasladarán el órgano instructor.

La propuesta de resolución indicará el nombre del solicitante y especificará la evaluación de la solicitud, de acuerdo con lo previsto en la base específica décima. En la propuesta estimatoria se especificará, además, la cuantía de la subvención, el coste mínimo subvencionable a justificar y la duración en años aceptada para el proyecto.

Sexta.- Propuesta de resolución provisional y reformulación de solicitudes.

1. Una vez evaluadas las solicitudes por la Comisión de Evaluación, se elevará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, a la ACIISI, que adoptará dicha propuesta. Dicha propuesta deberá notificarse a los interesados en el plazo de 10 días a partir de la fecha de su adopción, a cada una de las empresas propuestas como beneficiarias de la subvención concedida, concediéndoles un plazo de 15 días hábiles para que presenten la aceptación expresa de la subvención. En caso de que no se otorgue la aceptación expresa dentro del referido plazo, se entenderá que el interesado no acepta la subvención.

Los interesados podrán consultar en la sede electrónica de la ACIISI dicha propuesta de resolución provisional. En el plazo indicado en el párrafo anterior (15 días hábiles) a contar desde el momento de la comparecencia por el interesado en la sede electrónica, deberán presentar en el Registro electrónico junto con la aceptación, según anexo V, que irá firmada electrónicamente por el solicitante, anexada la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y ante la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en caso de que la comprobación realizada por el órgano instructor fuera insatisfactoria, por medio del certificado acreditativo expedido por el órgano competente.

2. Cuando la subvención tenga por objeto la financiación de actividades a desarrollar por el solicitante y el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá instar al beneficiario para que en el plazo de diez (10) días hábiles, reformule su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable. En caso de que aquél no contestase en dicho plazo, se mantendrá el contenido de la solicitud inicial.

La solicitud reformulada se someterá de nuevo a la consideración del órgano colegiado y, una vez merezca su conformidad, se formulará la propuesta de resolución definitiva que será remitida, con todo lo actuado, al órgano competente para que dicte la resolución.

En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes o peticiones.

Séptima.- Resolución.

1. Transcurrido el plazo para la aceptación expresa de los solicitantes, de acuerdo con lo previsto en el artº. 89 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se adoptará por el Director de la ACIISI la propuesta de resolución de concesión que resuelve el procedimiento.

2. La propuesta de concesión expresará el solicitante o relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación.

Si no se aceptase la subvención por alguno de los solicitantes incluidos en la propuesta de resolución provisional, y se hubiera liberado crédito para atender al menos una de las solicitudes denegadas que siguen en orden de puntuación, la ACIISI podrá incluir en la propuesta de concesión, sin necesidad de nueva convocatoria, al solicitante o solicitantes por orden de puntuación que reuniendo los requisitos establecidos en las bases, no hubieran resultado beneficiarios en la propuesta de resolución provisional por haberse agotado la dotación presupuestaria.

3. En la propuesta de resolución de concesión se contendrá tanto el otorgamiento de las subvenciones concedidas, como la propuesta de desestimación y la no concesión, por desistimiento, o la imposibilidad material sobrevenida. La resolución de concesión pondrá fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución.

4. En el caso de que en la resolución de concesión se hubiese incluido a solicitantes que no hubieran resultado beneficiarios en la propuesta de resolución provisional, se les concederá un plazo de 15 días hábiles para que presenten la aceptación expresa de la subvención. En caso de que no se otorgue la aceptación dentro del referido plazo, se entenderá que el interesado no acepta dicha subvención. Los solicitantes que hubieran aceptado la propuesta de resolución provisional no deberán presentar nueva aceptación.

5. La resolución provisional y la concesión no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la Administración, mientras no hayan sido notificadas y aceptadas.

6. El plazo máximo para resolver y notificar se fijará en la correspondiente resolución de convocatoria.

7. Los interesados podrán consultar en la sede electrónica de la misma dicha resolución de concesión, entendiéndose producida la notificación desde el momento de la comparecencia de tales interesados en dicha sede electrónica.

Octava.- Contratación.

1. El plazo que se concede para la contratación, y en su caso para la firma del acuerdo y/o convenio de colaboración, es de 3 meses contados a partir de la notificación de la concesión de la subvención.

2. El beneficiario deberá comunicar vía telemática, en el plazo de un mes de haberse realizado la contratación con indicación del número de referencia del contrato y/o aportar la documentación relativa a la contratación de la persona objeto de la subvención.

3. La documentación digitalizada que se ha de presentar mediante instancia dirigida al Ilmo. Director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, es la siguiente:

a) Contrato laboral debidamente diligenciado, en los términos especificados en la solicitud.

b) En su caso, acuerdo y/o convenio de colaboración debidamente firmado.

En el caso de no aportar la documentación del apartado 3) de la base general primera, la aceptación del contrato queda condicionada a la verificación del cumplimiento de los requisitos del perfil aprobado por la ACIISI y demás requisitos exigidos en las presentes bases.

Novena.- Abono de la subvención y régimen de constitución de garantías.

1. El abono de la subvención será por anticipado, de conformidad con la previsión contenida en el artº. 37.3 in fine del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

A tenor de la previsión contenida en el artº. 19.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados por los beneficiarios incrementarán el importe de la subvención concedida y se aplicarán igualmente a la actividad subvencionada. Dicho apartado no será de aplicación en los supuestos en que el beneficiario sea una Administración Pública.

2. Para la segunda y tercera anualidad, el abono anticipado estará condicionado a la justificación parcial anual, previa aportación de la documentación descrita en la base siguiente, y demás requisitos previstos en los apartados 3 y/o 4 de la base específica primera.

No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución firme de procedencia de reintegro.

3. Con carácter general, los beneficiarios estarán exentos de la constitución de garantías para el abono anticipado de la subvención, siempre que cumplan con los requisitos de la base específica tercera.

Para aquellas empresas que no cumplan dichos requisitos, deberá prestarse la constitución de garantías mediante depósito en el Tesoro de la Comunidad Autónoma de Canarias, por un importe igual a la cantidad del pago anticipado.

La garantía podrá constituirse en forma de aval solidario de entidades de crédito, seguros o reaseguros o Sociedades de Garantía Recíproca conforme al modelo que se determine por la consejería competente en materia de hacienda.

4. Para solicitar el abono anticipado, según anexo V.1, cuyo plazo expira el 30 de noviembre de cada año, salvo que la resolución de concesión sea posterior al 15 de noviembre, en cuyo caso será el 31 de diciembre de cada año, se presentará, una vez dictada y notificada la Resolución de concesión correspondiente, la siguiente documentación:

a) Declaración responsable del representante legal del beneficiario solicitando el mismo, dirigida al Ilmo. Director de la ACIISI, de no disponer de recursos suficientes para financiar la ejecución de la actividad subvencionada sin la entrega anticipada de los fondos públicos.

b) Certificación expedida por los órganos competentes de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales, autonómicas y con la Seguridad Social, en caso de que hayan perdido vigencia los aportados en la fase de solicitud de la subvención, salvo autorización del solicitante a la ACIISI para su consulta por vía telemática.

c) En su caso, Mandamiento de Constitución de Depósitos-Valores en el Tesoro de la Comunidad Autónoma de Canarias.

5. La garantía constituida para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que derivan de la concesión de subvenciones se extenderá al importe de las cantidades anticipadas, así como los intereses de demora que hayan podido devengarse y, en su caso, de los recargos correspondientes del procedimiento de apremio.

6. Las garantías tendrán validez hasta que se dicte Resolución del Director de la ACIISI declarando justificada la subvención concedida y se acuerde su devolución, en los casos previstos en el artículo 38.6 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

Décima.- Medios y plazo de justificación.

1. El beneficiario deberá dar efectivo cumplimiento a su deber de justificación de las actuaciones objeto de financiación mediante la presentación de una instancia dirigida al Director de la ACIISI, según modelo anexo VI, en la que solicite la justificación de la subvención concedida, acompañada de la siguiente documentación:

Presentación de una cuenta justificativa ante el órgano que ha concedido la subvención, que contendrá la siguiente documentación:

1. Memoria de actuación justificativa, según anexo VI del cumplimiento de las condiciones impuestas, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, según anexo VII para justificaciones parciales anuales o según anexo VIII para la justificación final.

2. Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá:

a) Cuadro del coste laboral del Doctor/Tecnólogo según anexo IV.2.

b) TC1 y TC2 del período de contratación o certificado de vida laboral del afiliado para el mismo período.

c) Nóminas y los justificantes de pago de las mismas y de la seguridad social digitalizados.

d) Modelo 110 (IRPF), donde figuren las retenciones practicadas a la persona contratada.

e) Declaración de otras ayudas o subvenciones recibidas con posterioridad a la concesión para la misma actividad por cualquier Administración o Ente Público, con especial referencia a las ayudas obtenidas o solicitadas al amparo de la normativa comunitaria de ayudas de "minimis".

f) Documentación acreditativa de los rendimientos financieros generados por el anticipo de la subvención y su aplicación.

g) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.

2. El plazo para la justificación del proyecto o actuación será de dos meses a contar desde la finalización del plazo de realización de la actividad para cada anualidad, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 23.1 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

La ACIISI podrá otorgar una ampliación del plazo establecido para la presentación de la justificación, que en ningún caso podrá exceder del concedido inicialmente, siempre que con ello no se perjudiquen derechos de terceros.

Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano administrativo competente, éste o en su caso la entidad colaboradora que se haya designado, requerirá dentro de los cinco días siguientes, al beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días hábiles sea presentada. La falta de presentación de la justificación en plazo llevará consigo la no exigibilidad de la subvención, la exigencia, en su caso, del reintegro y demás responsabilidades establecidas en la normativa aplicable.

La presentación dentro del plazo adicional no eximirá al beneficiario de las sanciones que correspondan.

3. La ACIISI o la entidad colaboradora correspondiente llevará a cabo la comprobación de la justificación documental de la subvención, a cuyo fin revisará la documentación que obligatoriamente deba aportar el beneficiario. La citada comprobación técnico-económica comprenderá:

a) La realización de la actividad o la adopción de la conducta conforme a las condiciones impuestas en la concesión.

b) El empleo de los fondos recibidos en el desarrollo de la actividad o en la adopción de las conductas financiadas.

c) El coste real de la actividad o conducta financiada.

d) La concesión de otras subvenciones o de cualesquiera atribuciones patrimoniales gratuitas, públicas o privadas, para la misma actividad o conducta.

e) La obtención de ingresos propios o afectos a la actividad o conducta financiada.

f) El cumplimiento de los demás requisitos o condiciones exigidos por las presentes bases reguladoras y demás establecidos en el citado Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

El pronunciamiento de la ACIISI respecto de la aplicación de los fondos se entenderá sin perjuicio de las actuaciones de control financiero permanente que competen a la Intervención General.

3. Inspección y calidad.

Con el objeto de obtener la máxima calidad del sistema, la ACIISI se reserva el derecho de realizar cuantas comprobaciones, inspecciones y demás medidas de control estime oportunas para velar por la correcta aplicación de los recursos públicos y para verificar el correcto desarrollo y aplicación de las bases, sin perjuicio de cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales (Intervención General, Tribunal de Cuentas, Audiencia de Cuentas de Canarias) como comunitarios, debiendo los beneficiarios aportar cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

La ACIISI mantendrá de forma continua un servicio de revisiones aleatorias entre los beneficiarios, para velar por la correcta utilización de las subvenciones.

Si en el curso de dichas verificaciones se detectase que el beneficiario ha incumplido alguna de las condiciones establecidas se procederá, por parte de la ACIISI, a solicitar la devolución de las cantidades percibidas y, en su caso, a poner en marcha cuantas actuaciones legales considere necesarias con el objeto de percibir su reintegro.

Undécima.- Obligaciones del beneficiario.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo que no se oponga o contradiga al citado precepto básico, el beneficiario de la subvención queda sometido a las siguientes obligaciones:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de los préstamos reembolsables.

b) Justificar ante el órgano concedente, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute del préstamo reembolsable.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

d) Comunicar a la ACIISI la aceptación de la concesión de la subvención y proceder a la ejecución de las actuaciones financiables de acuerdo con la Ley General de Subvenciones.

e) Cumplir con sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social de forma que quede acreditada esta circunstancia en el momento previo al otorgamiento de la ayuda en los términos establecidos en la normativa vigente en la materia, y a la acreditación de su personalidad jurídica referida al momento de la solicitud de la ayuda.

f) Respetar la normativa medioambiental vigente, de modo que se asegure el desarrollo de los objetivos del proyecto financiado dentro de un marco de desarrollo sostenible y del fomento a la protección y mejora del medio ambiente, tal y como se recoge en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea.

g) Conservar los documentos justificativos de la realización de las actividades financiadas, y los relacionados con los gastos y pagos y con las auditorías correspondientes hasta el 31 de diciembre de 2016 o durante un plazo mayor en tanto puedan ser objeto de comprobación y control. Se conservarán los originales de los documentos -o copias certificadas conformes con los originales- sobre soportes de datos generalmente aceptados.

h) Disponer de libros contables y registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil, así como los estados contables. Sin menoscabo de lo anteriormente expuesto, el beneficiario deberá identificar aquellos bienes inventariables (equipos y soportes informáticos, bienes materiales de cualquier naturaleza, etc.) que hayan sido cofinanciados con Fondos Estructurales.

i) Obligación de llevar una contabilidad separada de la actividad subvencionada, bien mediante cuentas específicas dentro de su contabilidad oficial, bien mediante libros registro abiertos al efecto, y que proporcionen información detallada sobre los gastos y los pagos específicos efectuados con motivo de los proyectos o acciones correspondientes a las intervenciones comunitarias. Dicha información contendrá, inexcusablemente, los siguientes extremos:

- Importe del gasto, con separación del I.G.I.C. e impuestos directos no subvencionables.

- Partida correspondiente o cuenta de aplicación del gasto.

- Breve descripción del gasto.

- Fecha de emisión y de contabilización.

- Identificación y localización de los justificantes.

- Fecha y método de pago.

- Facturas pagadas con identificación del acreedor o los documentos contables que las sustituyan cuando la emisión de la factura no proceda con arreglo a la normativa fiscal o contable de aplicación al beneficiario de que se trate, que se han de ajustar a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

Sólo se admitirá el pago en metálico de facturas o documentos justificativos del gasto con un máximo de 3.000 euros por expediente, según el artº. 35.1 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

j) La papelería y cualquier medio de publicidad utilizado en el desarrollo del proyecto deberá cumplir con las disposiciones sobre información y publicidad contenidas en el Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la Comisión de 8 de diciembre de 2006.

k) Los beneficiarios con carácter general en todas las acciones relacionadas con el objetivo de la convocatoria, y en particular con las actividades que generen los proyectos financiados, son responsables de su difusión, debiendo hacer conocedor y partícipe al ACIISI de todas las acciones promocionales y de comunicación previstas tanto en la fase previa de solicitud como, con la suficiente antelación, a lo largo del desarrollo de las mismas, incluida la difusión de los resultados en soportes físicos o electrónicos, debiendo utilizar para ello la normativa de imagen que determine la ACIISI, de conformidad con lo preceptuado en el artº. 12 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

l) Garantizar que el proyecto financiado no sufra, antes de transcurridos cinco años desde su término, una modificación sustancial, entendiendo por ésta aquella modificación que afecte a su naturaleza o a sus condiciones de ejecución o que otorgue a una empresa o a un organismo público ventajas indebidas, y que se derive de un cambio en la naturaleza de la propiedad de una infraestructura o del cese de una actividad productiva.

m) Las actuaciones financiadas no deberán vulnerar en ningún caso el principio de no discriminación por razón de sexo, raza, origen étnico, religión, convicciones, minusvalías, edad, u orientación sexual. Así mismo facilitarán, o al menos no impedirán, la accesibilidad para las personas discapacitadas.

n) Presentar una declaración responsable por parte del representante legal de la empresa de las ayudas recibidas en los últimos tres años -incluido el actual- de ésta u otra administración sometidas a la regla comunitaria de mínimis, así como de aquellas ayudas recibidas para los mismos costes financiables.

La totalidad de ayudas sujetas al régimen de mínimis concedidas a una empresa no será superior a 200.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales. Si se trata de una empresa que opera en el sector del transporte por carretera, la ayuda total de mínimis no será superior a 100.000 euros durante ese mismo período. Cuando la ayuda de mínimis se acumule a otras ayudas estatales por los mismos gastos subvencionables, dicha acumulación no podrá dar lugar a una intensidad superior a la fijada en el reglamento de exención de que se trate o la decisión correspondiente adoptada por la Comisión.

o) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades financiadas.

p) Cumplir con cuantas obligaciones se establecen en la normativa de aplicación especificada en el apartado correspondiente a los beneficiarios.

2. La rendición de cuentas de los perceptores de ayudas a que se refiere el artículo 34.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, se instrumentará a través del cumplimiento de la obligación de justificación al órgano concedente o entidad colaboradora, en su caso, de la subvención, regulada en el párrafo b) del apartado 1 de esta base.

3. La obligación de dar cumplimiento a las normas de información y publicidad según pone de relieve el artículo 69 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Consejo, por el que se establecen las disposiciones generales relativas a los Fondos Estructurales (DO L 210, de 31.7.06) y contenidas en el Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre, según redacción publicada en el DO L 45, de 15 de febrero de 2007, en el caso de que la ayuda tenga financiación comunitaria. Específicamente, el artículo 8 del citado Reglamento establece las responsabilidades de los beneficiarios relativas a medidas de información y publicidad. En aplicación del artículo citado, el beneficiario se asegurará de que las partes que intervienen han sido informadas de la financiación comunitaria. Cualquier documento relativo al proyecto objeto de financiación incluirá una declaración en la que se informe de que el programa operativo, si procediera, ha sido cofinanciado con el Fondo Estructural que corresponda.

En cuanto al emblema del Fondo Social Europeo, la entidad beneficiaria deberá observar lo dispuesto en el anexo I del Reglamento 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, que fija normas de desarrollo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Consejo, e incluirá la referencia al "Fondo Social Europeo" y la declaración "Canarias objetivo de progreso". En concreto, en todos los documentos escritos y/o digitales, aplicaciones páginas web, etc. deben llevar dichos emblemas.

4. La aceptación de la subvención por parte de la entidad beneficiaria implica su aceptación de ser incluido en una lista de beneficiarios publicada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.2.d) del indicado Reglamento 1828/2006, de la Comisión de 8 de diciembre de 2006.

Duodécima.- Reintegro.

Se procederá a la devolución de las cantidades percibidas, cuando concurra alguno de los supuestos de los artículos 19.3 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE nº 276, de 18 de noviembre). El procedimiento se regirá según lo previsto en el Capítulo VIII del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la ayuda, de la realización de los gastos financiables, o de la obligación de justificación, dará lugar a la pérdida al derecho al cobro de la ayuda concedida y, en su caso, al reintegro del pago anticipado más los rendimientos financieros correspondientes y los intereses de demora de la cantidad anticipada desde el momento del pago hasta la fecha en que se acuerde el reintegro.

Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos y de las condiciones de otorgamiento de la ayuda, se tendrá en cuenta el siguiente criterio: el incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la ayuda, de la realización de la inversión financiable, o de la obligación de justificación, dará lugar a la pérdida al derecho al cobro de la ayuda asignada al beneficiario o, en su caso, al reintegro del pago anticipado más los rendimientos financieros correspondientes, los intereses de demora de la cantidad anticipada en el porcentaje correspondiente a la inversión no efectuada o no justificada.

De conformidad con lo dispuesto en el artº. 93 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, procederá el reintegro del 100% del importe de la subvención concedida por incumplimiento de la adopción de las medidas de difusión de la financiación pública recibida cuando el beneficiario no adopte tales medidas ni las medidas alternativas propuestas por la Administración y previstas en el artículo 31.3 de dicho Reglamento.

El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 40 y 41 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias y, supletoriamente, por los artículos 41 al 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Asimismo, se procederá al reintegro del exceso en los supuestos en que, por concesión de ayudas o subvenciones de otros Departamentos de la Administración Autonómica, Administraciones o entes públicos, la cuantía de las ayudas o subvenciones concedidas supere el coste de la actividad desarrollada por el beneficiario.

Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma, se requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la exigencia del reintegro de la ayuda no justificada y demás responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones. La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a la Ley General de Subvenciones, correspondan.

La realización de modificaciones no autorizadas en el presupuesto financiable, supondrá la devolución de las cantidades desviadas.

Decimotercera.- Modificación de la resolución de concesión.

1. Una vez recaída la resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar la modificación de su contenido, que se podrá autorizar siempre que no dañe derechos de tercero y se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la actividad o conducta a realizar conforme a la modificación solicitada esté comprendida dentro de la finalidad prevista en la línea de actuación o proyecto de inversión contemplado en la Ley de Presupuestos y de las actividades o conductas previstas en las presentes bases reguladoras.

b) Que las circunstancias que justifiquen la modificación no hayan dependido de la voluntad del beneficiario inicial.

c) Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan la modificación, de haber concurrido en la concesión inicial, no hubiesen determinado la denegación o disminuido la cuantía de la subvención concedida.

2. Dará lugar a la modificación de la resolución de concesión por el órgano que la haya dictado, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a) La alteración de las circunstancias o de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.

b) La obtención por el beneficiario de subvenciones concedidas por otros órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias o por otras Administraciones o Entes Públicos para el mismo destino o finalidad.

c) La obtención de ayudas y otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o finalidad.

d) La superación de los topes previstos en la normativa comunitaria como consecuencia de la acumulación de subvenciones en los períodos establecidos en la misma.

3. Tanto la solicitud de modificación prevista en el apartado 1 de la presente base como la comunicación de las circunstancias a que hace referencia el apartado 2 deberán presentarse a través de los medios y formas previstos en las presentes bases para la presentación inicial de solicitudes, antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad.

Decimocuarta.- Régimen de ayudas, incompatibilidad y acumulación de ayudas.

1. El presente Programa se acoge al Reglamento (CE) nº 1998/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis (DO L 379, de 28.12.06). En este sentido, las ayudas de mínimis son ayudas concedidas por la Administración a una empresa, cuyos importes deben considerarse como de poca importancia. El importe total de las ayudas mínimis concedidas a cualquier empresa no puede sobrepasar los 200.000 euros en cualquier período de 3 ejercicios fiscales (100.000 euros para empresas de transporte de mercancías por carretera). Este límite se aplicará independientemente de la forma de la ayuda o del objetivo perseguido.

2. No obstante lo anterior, para los sectores agrícola y pesquero serán de aplicación en su ámbito correspondiente, en cuanto les resulte más favorable, el Reglamento (CE) nº 800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento General de Exención por Categorías), y en su ámbito correspondiente, los Reglamentos (CE) nº 1860/2004, de la Comisión, de 6 de octubre de 2004, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de mínimis en los sectores agrario y pesquero y el Reglamento (CE) nº 875/2007, de la Comisión, de 24 de julio de 2007, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de mínimis en el sector pesquero.

3. Dado que la presente convocatoria es susceptible de cofinanciación con Fondos Estructurales, específicamente con el Fondo Social Europeo (FSE), los mismos costes subvencionables no podrán acogerse a otros programas operativos del FSE o al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), ni con ayudas procedentes de otros instrumentos comunitarios, tal como establece el artículo 54, apartados 3 y 5 del Reglamento (CE) 1083/2006, de 11 de julio, General de los Fondos Estructurales.

4. En todo caso, se deberá observar en el marco del programa operativo correspondiente los límites máximos fijados en materia de ayudas, según el artículo 54.4 del citado Reglamento (CE) 1083/2006, de 11 de julio, ni la acumulación de ayudas para los mismos gastos financiables no podrá superar el coste real de los mismos.

Decimoquinta.- Entidades colaboradoras.

La entrega y disposición de fondos o bienes públicos en que consistan las ayudas y subvenciones podrán realizarse a través de entidades colaboradoras, que actuarán a estos efectos en nombre y por cuenta de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias o de las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de la misma.

Será entidad colaboradora aquella que, actuando en nombre y por cuenta del órgano concedente a todos los efectos relacionados con la subvención, entregue y distribuya los fondos públicos a los beneficiarios cuando así se establezca en las bases reguladoras, o colabore en la gestión de la subvención sin que se produzca la previa entrega y distribución. Estos fondos, en ningún caso, se considerarán parte integrante de su patrimonio. Pueden ser entidades colaboradoras, las empresas públicas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y la Fundaciones que estén bajo el protectorado de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.

No podrán obtener la condición de entidad colaboradora las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artº. 13.2 de la Ley General de Subvenciones, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora.

Las entidades colaboradoras vendrán obligadas al cumplimiento de las obligaciones recogidas en el artº. 15.1 de la Ley General de Subvenciones.

Los fondos públicos que reciban las entidades colaboradoras para su distribución en concepto de ayudas o subvenciones no se integrarán en su patrimonio, ni podrán retenerse o minorarse para remunerar o compensar los gastos a los que pudiera dar lugar su colaboración.

La participación de las entidades colaboradoras en la entrega y distribución de las ayudas y subvenciones deberá formalizarse en un convenio de colaboración, en la que regularán las condiciones y obligaciones asumidas por aquéllas.

Decimosexta.- Normativa de aplicación.

En lo no regulado por estas bases se estará a lo establecido en las siguientes normas:

1. En relación a la normativa de la Unión Europea:

- Reglamento (CE) nº 1998/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis (DO L 379, de 28.12.06).

- Reglamento (CE) nº 800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento General de Exención por Categorías).

- Reglamento (CE) nº 1860/2004, de la Comisión, de 6 de octubre de 2004, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de mínimis en los sectores agrario y pesquero.

- Reglamento (CE) nº 875/2007, de la Comisión, de 24 de julio de 2007, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de mínimis en el sector pesquero.

- Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) nº 1230/1999 (DO L 210, de 31.7.06).

- Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, que fija normas de desarrollo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Consejo (según redacción publicada en el DO L 45, de 15.2.07).

- Reglamento (CE) nº 1081/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1784/1999 (DO L 210, de 31.7.06).

2. En el ámbito de la legislación estatal (normativa reguladora de procedimiento):

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE nº 276, de 18.11.03), en lo referente a sus preceptos básicos.

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE nº 176, de 25.7.06).

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14.1.99).

3. En el ámbito de la normativa autonómica:

- Decreto Territorial 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo que no se oponga o contradiga a los preceptos básicos de la Ley General de Subvenciones.

- Decreto 56/2009, de 18 de mayo, del Presidente, por el que se regula la utilización de medios electrónicos en la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información.

- Orden CEH de 10 de noviembre de 2009, por la que se establecen normas para la gestión, seguimiento y control de las operaciones cofinanciadas con Fondos Estructurales.

4. Resto de normativa que pudiera afectar a las ayudas públicas.

Decimoséptima.- Final.

Se faculta al Director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información para interpretar el contenido de las presentes bases.

Ver anexo en las páginas 22704-22736 del documento Descargar

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