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BOC Nº 38. Jueves 22 de Febrero de 2018 - 806

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III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad

806 Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 30 de enero de 2018, por la que se delega en la persona titular de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias la convocatoria de los procesos de selección para el ingreso, por el sistema general de acceso libre y por promoción interna horizontal y vertical en la Escala de Administradores Financieros y Tributarios del Cuerpo Superior de Administradores (Grupo A, Subgrupo A1), incluidas en las ofertas de empleo público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias para los años 2015 y 2016.

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BOC-A-2018-038-806. Firma electrónica - Descargar

El artículo 68.1.c) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, aprobado por Decreto 382/2015, de 28 de diciembre, atribuye a la Dirección General de la Función Pública la competencia para la convocatoria de pruebas selectivas de acceso a la condición de personal funcionario y personal laboral fijo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, salvo del personal docente no universitario y del personal estatutario y laboral adscrito a las instituciones sanitarias dependientes del Servicio Canario de la Salud.

También, en el apartado d) del artículo 68.1 le atribuye la competencia, con las mismas salvedades señaladas anteriormente, para la convocatoria de los procedimientos de promoción interna.

De otra parte, el apartado f) del mismo artículo 68.1 le atribuye al citado Centro Directivo, la competencia para el nombramiento de los miembros de los tribunales de pruebas selectivas y el apartado h) la competencia para la aprobación de la relación de personas admitidas y excluidas en las pruebas selectivas y el apartado i) el nombramiento del personal funcionario de carrera y la adjudicación del primer destino.

Mediante el Decreto 46/2015, de 9 de abril, publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 74, de 20 de abril de 2015, se procedió a aprobar la Oferta de Empleo Público para el año 2015, en la que se contienen plazas para la Escala de Administradores Financieros y Tributarios del Cuerpo Superior de Administradores (Grupo A, Subgrupo A1), lo que igualmente sucede en la Oferta de Empleo Público para 2016 aprobada mediante el Decreto 152/2016, de 12 de diciembre, publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 243, de 19 de diciembre de 2016.

Ha de señalarse que conforme al artículo 5 del citado Decreto 152/2016, de 12 de diciembre, se procedió a la unificación de ambas Ofertas de Empleo Público.

A fin de garantizar la ejecución en tiempo y forma de las citadas Ofertas de Empleo Público, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, debe articular las medidas de organización y gestión que sean más adecuadas para el cumplimiento de los principios de servicio efectivo a la ciudadanía, eficacia y eficiencia, a los que alude el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

De entre las posibles medidas de organización y gestión, el artículo 9 de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre, establece que los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquellas, siendo preceptivo que el acto de delegación, y en su caso su revocación, se publiquen en el Boletín Oficial correspondiente y debiendo hacerse constar en las resoluciones administrativas que se adopten por delegación tal circunstancia de manera expresa.

Por su parte, la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, establece en su artículo 31.3 que, el ejercicio de las competencias propias podrá ser delegado en el órgano que, por la aplicación del principio de eficacia, sea más idóneo para ello, debiendo publicarse el acto de delegación en el Boletín Oficial de Canarias.

Los Administradores Financieros y Tributarios prestan sus servicios en unidades administrativas donde se desarrollan funciones de carácter financiero y presupuestario especialmente ligadas a los procedimientos de fiscalización, siendo que buena parte de las plazas están adscritas a unidades organizativas de la Intervención de la Comunidad Autónoma de Canarias y en las Oficinas Presupuestarias.

Resulta por tanto procedente, en aras a los fines antes expuestos, delegar en la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, la competencia para la ejecución de las ofertas de empleo público mencionadas en lo que corresponde a la Escala de Administradores Financieros y Tributarios del Cuerpo Superior de Administradores (Grupo A, Subgrupo A1).

En virtud de lo anteriormente expuesto, previa conformidad expresa manifestada por la Interventora General,

R E S U E L V O:

Primero.- Delegación.

1. Se delega en la persona titular de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, las competencias de la Dirección General de la Función Pública contenidas en los apartados c), d), f) y h) del artículo 68 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, aprobado por Decreto 382/2015, de 28 de diciembre, respecto de los procesos de selección, por turno libre y por promoción interna, de la Escala de Administradores Financieros y Tributarios del Cuerpo Superior de Administradores (Grupo A, Subgrupo A1) dimanantes de las ofertas de empleo público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias para los años 2015 y 2016.

2. Corresponderá a la Dirección General de la Función Pública, la competencia para el nombramiento del personal funcionario de carrera y la adjudicación del primer destino, de acuerdo a las necesidades puestas de manifiesto, en los términos previstos en el apartado i) del citado artículo 68 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.

3. Por razones de seguridad jurídica, en el caso de que previo al acto de convocatoria, el programa de temas exigible hubiese sido modificado, rectificado o actualizado, se incluirá en forma de anexo, en la Resolución de convocatoria el texto definitivo del programa de temas.

4. El órgano delegado deberá informar, cuando sea requerido para ello, a la Dirección General de la Función Pública, del estado de tramitación de los procedimientos convocados.

5. Las competencias delegadas podrán ser revocadas, en todo o en parte, en cualquier momento por la Dirección General de la Función Pública.

Segundo.- Indemnizaciones por razón del servicio.

Corresponderá al órgano delegado, reconocer y abonar las indemnizaciones por razón del servicio que pudieran corresponderle a quienes formen parte de los Tribunales Calificadores, así como al personal que colabore con los mismos en los procesos que se convoquen en virtud de esta Resolución.

Tercero.- Impugnación de actos.

Sin perjuicio de las competencias resolutorias que le correspondan a la Dirección General de la Función Pública, como órgano delegante, respecto de los recursos administrativos que pudieran interponerse contra los actos dictados en los correspondientes procesos de selección por parte del órgano delegado, corresponderá a este último en todo caso:

A) La conformación de los expedientes administrativos y contencioso-administrativos.

B) La emisión de informes necesarios para la tramitación y resolución de los recursos administrativos.

C) Las actuaciones que hayan de cumplimentarse ante los órganos judiciales y ante la dirección letrada de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Cuarto.- Constancia de la delegación.

Los actos que se dicten por delegación, harán expresa referencia a dicha circunstancia.

Quinto.- Publicación.

La presente Resolución será publicada en el Boletín Oficial de Canarias, surtiendo efectos jurídicos a partir del día siguiente al de su publicación.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de enero de 2018.- El Director General de la Función Pública, Francisco Javier Rodríguez del Castillo.

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