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Buscador de Gestores de Residuos

La legislación vigente en materia de residuos define a los mismos como "cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención o la obligación de desprenderse".

La misma Legislación define la Gestión, como la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de los lugares de depósito o vertido después de su cierre.

La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, en su artículo 13.1, somete a régimen de autorización por el órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma las actividades de valorización y eliminación de residuos. En el supuesto de que estos residuos tengan la consideración de peligrosos, también quedan sometidas a la correspondiente autorización las operaciones de recogida, almacenamiento, así como su transporte, cuando éste se realice asumiendo la titularidad del residuo el transportista, art. 22.1.

CONCEPTOS

Recogida: Toda operación consistente en recoger, clasificar, agrupar o preparar residuos para su transporte. 

Almacenamiento: El depósito temporal de residuos, con carácter previo a su valorización o eliminación, por tiempo inferior a dos años o seis meses si se trata de residuos peligrosos, a menos que reglamentariamente se establezcan plazos inferiores.

Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.

Eliminación: Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.

Residuos Peligrosos: Aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, aprobada en el Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. Los que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los que España sea parte.

 

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