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Infracciones al derecho comunitario.


El Derecho de la Unión Europea confiere derechos e impone obligaciones tanto a las instituciones comunitarias como a los Estados miembros y a sus ciudadanos. Este cuerpo normativo se integra en los ordenamientos jurídicos nacionales y los Estados miembros está obligados a aplicarlo de acuerdo con los principios de primacía y efecto directo.

La Comisión Europea a través del procedimiento de infracción regulado en los artículos 258 a 260 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) vigila que los Estados miembros cumplan con las obligaciones que les corresponden en virtud de este bloque de normas integrado por los tratados constitutivos, los actos de derecho derivado con fuerza vinculante (reglamentos, directivas y decisiones), los acuerdos externos e internacionales firmados por la Unión Europea en el ejercicio de sus fines, así como, los principios generales del Derecho y sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tal y como la doctrina y la jurisprudencia del propio Tribunal señalan.

El procedimiento de infracción puede ser iniciado por la Comisión Europea de oficio o como consecuencia de una denuncia o queja de cualquier persona física o jurídica

La Dirección General de Asuntos Económicos con la UE, en el marco de este procedimiento y de acuerdo con su Reglamento Orgánico, desempeña una función de "seguimiento, control y coordinación de las actuaciones realizadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Administración General del Estado".

Por regla general, previamente al inicio de un expediente de infracción, la Comisión recurre a un diálogo estructurado -piloto UE- que facilita la comunicación y la resolución de problemas de aplicación del Derecho de la UE entre los servicios de la Comisión y las autoridades de los Estados miembros.

Concluido sin éxito este procedimiento en fase temprana o en los casos en que no recurra al mismo, se pasa a la primera fase o fase administrativa del procedimiento de infracción en la que la Comisión solicita al Estado miembro, mediante una carta de emplazamiento, que le comunique en un determinado plazo sus observaciones sobre un determinado problema de aplicación del Derecho comunitario. Si no hay respuesta o la respuesta no es satisfactoria, elabora un dictamen motivado, en el que se pronuncia sobre la infracción y fija el contenido de un posible recurso por incumplimiento e insta al Estado a que se ponga fin al mismo en el plazo establecido.

Si el Estado miembro no pusiere fin al incumplimiento en el plazo señalado, la Comisión puede acudir al Tribunal de Justicia, iniciándose así la fase contenciosa del procedimiento de infracción, solicitando una sentencia que se pronuncie sobre el incumplimiento.

Si, tras la sentencia, la Comisión considera que el Estado afectado no ha tomado las medidas necesarias para ejecutarla, pone en marcha el procedimiento previsto en el artículo 260 del TFUE, y recurre por segunda vez al Tribunal de Justicia, después de haberle dado a aquél la oportunidad de presentar sus alegaciones, proponiendo, esta vez, la imposición de una multa que puede ser una cantidad a tanto alzado, como sanción por el incumplimiento en sí, y/o una multa coercitiva que se devenga diariamente mientras no se cumpla la sentencia.

La posibilidad de imponer sanciones económicas al Estado miembro que no haya ejecutado una sentencia por incumplimiento fue introducida por el Tratado de Maastricht que modificó a tal efecto el artículo 171 del Tratado CEE, posteriormente artículo 228 del Tratado CE y actualmente el artículo 260, apartados 1 y 2, del TFUE. La Comisión adoptó, el 13 de diciembre de 2005, una Comunicación en la que establece la base sobre la que se calcula el importe de las sanciones (suma a tanto alzado o multa coercitiva) :

Comunicación de la Comisión - Aplicación del artículo 228 del Tratado CE /SEC/2005/1658

Periódicamente se actualizan los datos para calcular las cuantías de las sanciones que puede proponer la Comisión al Tribunal de Justicia en los procedimientos de infracción:

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN. Actualización de los datos para calcular las sumas a tanto alzado y las multas coercitivas que propondrá la Comisión al Tribunal de Justicia en los procedimientos de infracción (2014/C 338/02).

Última actualización: mayo de 2015