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Empleo, Políticas Sociales y Vivienda
27 de abril del 2016 - 18:03

La vicepresidenta impulsa las cláusulas sociales en las contrataciones del Gobierno de Canarias

Empleados públicos de la Comunidad Autónoma se forman en un seminario, organizado por el Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, en un proceso que incluirá la elaboración de una norma para introducir las cláusulas sociales en las contrataciones públicas

La vicepresidenta y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, inauguró esta tarde el seminario sobre cláusulas sociales y transparencia en la sede del Instituto Canario de Administración Pública, (ICAP) en Santa Cruz de Tenerife, dentro del proceso que, además de informar y formar a los empleados públicos, impulsará una norma para incluir cláusulas sociales en las contrataciones del Gobierno de Canarias. Hernández destacó el papel de las administraciones como impulsoras de medidas, acciones y valores que fomenten el espacio público y colectivo.

Patricia Hernández, que agradeció esta iniciativa del Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, Néstor Hernández, habló de las ventajas y beneficios que reportan, para toda la sociedad, primar las medidas sociales que desarrollen las empresas privadas con las que la Administración pública realiza contrataciones, y resaltó la importancia de contar con unos trabajadores públicos bien formados como algo fundamental para alcanzar los objetivos marcados.

Hernández precisó que "nuestra intención es que cuando se contrata con dinero público se prime un empleo estable, la igualdad de oportunidades, la mejora medioambiental, etc". Para la vicepresidenta es necesario que "el dinero que invertimos como Administración tenga un retorno social que llegue al conjunto de la población canaria". "No se trata solo de una cuestión de justicia social sino de rentabilidad económica", añadió.

Cerca de un centenar de funcionarios de las diferentes administraciones públicas canarias recibirán esta formación, impartida por el experto en la materia, Santiago Lesmes, y que ayer se celebró en la isla de Gran Canaria, como antesala a la redacción de una norma autonómica que dará rango de ley a las contrataciones socialmente responsables.

El objetivo es formar a los empleados públicos sobre las distintas modalidades que ya contiene la normativa actual para que los contratos de la administración contengan criterios de responsabilidad social como son la inserción socio-laboral, discapacidad, entidades sociales, perspectiva de género, calidad en el empleo, accesibilidad, comercio justo, condiciones laborales, desarrollo local, economía social y solidaria, etc.

 
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